Item 3 Statement on Access to COVID Vaccines

Statement

46 Sesión del Consejo de Derechos Humanos     
Declaración conjunta
Debate general: Punto 3 del orden del día

 

Hago esta declaración en nombre de 71 organizaciones.

Señora Presidenta, el multilateralismo se basa en los principios de la cooperación y la solidaridad internacionales y tiene como objetivo garantizar la paz mundial y la protección de los derechos humanos. La pandemia de COVID-19 y sus consecuencias, que se dejaron sentir en todos los países del mundo, deberían haber impulsado un compromiso renovado con la solidaridad internacional y reforzado la necesidad de interdependencia entre las naciones. Por el contrario, estamos asistiendo a un "nacionalismo de las vacunas", y al acaparamiento de vacunas y suministros médicos para COVID-19 por parte de un pequeño grupo de países ricos a expensas de todos los demás. Por ejemplo, "las importaciones per cápita de productos médicos esenciales para mitigar la pandemia de COVID-19 fueron unas 100 veces mayores en los países de renta alta que en los de renta baja". La obstrucción de los países desarrollados a la propuesta de exención temporal de los ADPIC en este momento de crisis urgente se asemeja a la búsqueda de rentas y a la obtención de beneficios a costa de vidas humanas reales. El intento de Israel de obtener beneficios políticos proporcionando vacunas excedentes de sus reservas es un ejemplo. La extraordinaria precariedad a la que se enfrenta el mundo hoy en día exige que el acceso a las vacunas COVID-19 y a los suministros médicos relacionados no se trate como cualquier otra cuestión de la cadena de valor, sujeta a las fuerzas del mercado. Están en juego el derecho a la vida y el derecho a la salud, y los Estados deben adoptar un enfoque basado en los derechos humanos.

En su declaración sobre las vacunas, los Procedimientos Especiales subrayaron que "las políticas y adquisiciones sanitarias aislacionistas son contrarias a las normas internacionales de derechos humanos". Se ha informado de que sólo 10 países han administrado el 75% de todas las vacunas COVID-19. Los países con mayor cobertura per cápita son: Canadá, Reino Unido, Chile, Nueva Zelanda y Australia. Hoy en día, el Consejo de Derechos Humanos, como órgano responsable de la promoción y protección de todos los derechos humanos, debe preguntarse si está defendiendo efectivamente los derechos humanos o protegiendo los intereses empresariales. Es importante que todos los estados, especialmente los ricos que pueden permitirse almacenar vacunas, asuman su responsabilidad y rindan cuentas, no a las corporaciones o a las grandes farmacéuticas, sino al pueblo. En una cruel ironía, se calcula que 7.500 millones de euros de fondos públicos se han utilizado para apoyar el desarrollo de vacunas por parte de las grandes empresas farmacéuticas, lo que convierte a las vacunas en verdaderos bienes públicos. Sin embargo, los Estados no consiguen frenar a los monopolios farmacéuticos insistiendo en que compartan su ciencia y tecnología con otros para garantizar que se pueda satisfacer la demanda mundial.

Como ha señalado el Secretario General de la ONU, las vacunas COVID-19 deben considerarse un bien público. Nos unimos a la Alianza Popular para las Vacunas para pedir a los gobiernos y a las empresas que eviten los monopolios en la producción de vacunas y tratamientos, condicionando la financiación pública de la investigación y el desarrollo a que las instituciones de investigación y las empresas farmacéuticas compartan libremente toda la información, los datos, el material biológico, los conocimientos técnicos y la propiedad intelectual.

Exigimos que el Consejo de Derechos Humanos y todos los Estados se posicionen en contra de que siga proliferando un orden mundial neocolonial y neoliberal que prioriza los beneficios sobre las personas. Exigimos que los Estados respeten los derechos humanos, apoyen la exención de los ADPIC y garanticen la distribución equitativa de las vacunas de forma que se promueva el derecho al desarrollo de todos.

Firmantes:

  1. International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW AP)
  2. AWID
  3. Women’s Global Network for Reproductive Rights (WGNRR)
  4. Global Network of Sex Work Projects (NSWP)
  5. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
  6. Sexual Rights Initiative
  7. Egyptian Human Rights Forum
  8. Conectas Direitos Humanos
  9. International Civil Society Action Network (ICAN)
  10. Synergia, Initiative for Human Rights
  11. Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)
  12. Habitat International Coalition
  13. COC-Nederland
  14. Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center (JLAC)
  15. MIFTAH
  16. RESURJ (Realizing Sexual and Reproductive Justice Alliance)
  17. Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR)
  18. Federation for Women and Family Planning
  19. Women’s Centre for Legal Aid and Counselling (WCLAC)
  20. Brazilian Interdisciplinary Association for AIDS (ABIA)
  21. Akahatá